En un momento de gran discusión en la sociedad, donde se establecen acalorados y apasionados debates sobre el proyecto de ley sobre la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), hacemos notar algunas consideraciones sobre este tema.
Respecto al IVE, existe un problema de representatividad. Si bien los legisladores son los representantes del pueblo, en este asunto no es una facultad que se exprese ya que esta votación mezcla convicciones éticas y morales de cada uno de los y las legisladoras. Es por ello que no logran la representación de sus votantes, sino cuestiones de índole netamente subjetivas sobre este asunto, no logrando (a veces) votar de acuerdo con el mandato de sus representados.
Esto no suele ser un problema, porque en general el representante comparte gran parte de las ideas, la ética y los principios morales con sus representados. En ese caso, la representación es genuina. Pero en la mayoría de los casos, esto no es así, ya que es muy difícil que muchas personas coincidan exactamente en todos o casi todas las ideas.
En el tratamiento de asuntos no tan centrales para la opinión de las y los ciudadanos, esto puede soslayarse, de un modo aceptable. Pero al tratarse de un tema tan sensible como el conflicto entre derechos tan importantes, el asunto realmente se vuelve un problema. Ningún Diputado/a votaría contra sus convicciones, aunque perciba que la mayoría de sus representados no están en esa línea.
Por eso entendemos que un asunto de tal envergadura, debate y que ha generado escraches y hasta escarnios públicos, como lo es la IVE, debe ser resuelta a través de una consulta popular no vinculante, que dirima en la totalidad de la población el devenir de temas de profunda definición moral y ética.
Es imprescindible que la aprobación o no de la ley realmente refleje el pensamiento de la mayoría de la sociedad. Es menester, liberar a los legisladores de asumir una responsabilidad que no pueden asumir, además de garantizar la posibilidad de expresarse al conjunto de la ciudadanía, con la libertad de expresión que sólo da el voto secreto en un cuarto oscuro.
Nuestra propuesta, compendiada en el Expediente 5733-D-2019 de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación rescata la posibilidad de realizar una consulta popular no vinculante para este tema. Una opción que no soslaya el centro de la cuestión, y releva a los/as Diputados/as y Senadores/as de asumir una responsabilidad que no les corresponde.
Todo esto sin mencionar que la aprobación o no, del proyecto de ley que se trata, sea cual fuere el resultado, no conformará a la parte que se sienta derrotada, ya que el hecho de no saber con certeza, qué parte de la ciudadanía tiene la mayoría, le quitará legitimidad al resultado.
Nuestra sociedad sostiene la democracia como sistema válido de gobierno y es momento de definir no solamente en lo discursivo la responsabilidad que conlleva este régimen político, por ello, esta propuesta no es otra cosa que aceptar la decisión de la mayoría, y en este caso no puede demostrarse con claridad cuál es esa mayoría, sin acudir a una consulta popular. La importancia del tema lo amerita y por lo demás, lo justifica.
