Se sabe que la Argentina tiene hace décadas un déficit habitacional estructural y que es uno de los grandes temas a resolver. Muchas familias se volcaron por los créditos UVA a partir del año 2017 persiguiendo el sueño del auto o la casa propia, sin contemplar con toda claridad el peligro que suponía su ajuste por inflación.
Hoy existen sobrados ejemplos del desastre que ocasionó esta modalidad hipotecaria o financiera, por las altas subas de precios de los últimos años y su impacto sobre las economías familiares. Como resultado, muchas personas no pueden afrontar el pago de las cuotas y ponen de manifiesto que se trata de un esquema usurario.
A comienzos de 2020, además de presentar un proyecto de declaración de emergencia en esta materia, el diputado José Luis Ramón denunció en el Congreso que tanto los bancos como el Estado tienen que hacerse cargo de esta situación: los UVA surgieron por resolución del Banco Central de la República Argentina (BCRA), por lo tanto no gozan de la protección o las garantías de una ley dictada en el parlamento.
El proyecto suponía un freno a las ejecuciones y remates por un plazo no menor a tres años y una modificación en el cálculo de cuotas, de modo tal que el pago sea razonable y se ajuste a las posibilidades reales de los tomadores de deuda. Lamentablemente la iniciativa ni siquiera fue tratada y las víctimas de este esquema siguieron desamparadas.
Lo que hizo el gobierno nacional durante la pandemia fue congelar los montos que debían pagar hasta el 31 de enero del 2021, sin dar una solución de fondo. En palabras de los propios damnificados, esa medida impidió que las familias abonaran lo que estaba a su alcance, mientras las deudas se siguieron acumulando.
Y por más que desde el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat digan que ninguna cuota superará el 35% de los ingresos – que ya es mucho –, habrá un aumento del 65% a lo largo de este año, teniendo en cuenta la inflación del 36% de 2020. Si los salarios siguen perdiendo frente a la suba de precios de la economía, los créditos permanecerán inviables.
Si no hay soluciones desde la política, las denuncias tienen que correr por vía judicial. Las personas implicadas tienen que ir por ese terreno para defender sus derechos como consumidores, ya que hay algunos jueces que escuchan y defienden. Necesitan una respuesta al menos de ese Poder para frenar definitivamente la usura bancaria, sin dejar de levantar la voz para que se hagan escuchar.
