Por José Luis Ramón
¿A quién se le ocurre que el Estado debe compensar a las grandes empresas distribuidoras de gas por una devaluación? ¿Alguno de ustedes, lectores, se hicieron esta pregunta cuando Macri decretó esa “devolución”?
Imagino que no, y no me sorprende. Lo que sí me sorprende, o cautiva, es la capacidad del macrismo de hacernos observar como teorías de la comunicación que se creían caducas, siguen ejerciendo su control ciudadano para esconder los chanchuyos de Cambiemos: “un baion para el ojo idiota”.
Así, nunca se enteraron de que para el año 2016 habíamos realizado un pedido de renuncia formal al Ministro Juan José Aranguren, porque los usuarios del servicio de gas en nuestra provincia se habían visto ahogados por el aumento de las tarifas, y el gas se había vuelto impagable para las familias mendocinas.
¿Otra vez con el gas José? Si, otra vez. No son problemas morales los que me atan al gas, o al menos no solamente, son también formas de hacer política y prioridades. Una vivienda digna merece una tarifa de gas pagable, y un suministro adecuadamente entregado.
El Decreto de Necesidad y Urgencia dictado por el ex Presidente Mauricio Macri, que compensó a las empresas distribuidoras de gas de las pérdidas ocasionadas por las devaluaciones de 2018, se trata de un atropello a todas las familias argentinas que día a día trabajan y pagan sus servicios esenciales. No es un capricho o un ataque infundado lo que hacemos; es continuar las peleas por las que nos han tildado de locos, de pesados.
El gas natural en la gestión Macri, aumentó más de un 2000%. Dos mil por ciento!!!! Pero como no les bastó con imposibilitarnos vivir dignamente, además, nos endeudaron mediante un DNU – con empresas que ganan millones de dólares, desde hace años y a costa de nuestros bolsillos – por 400 millones de USD en 30 cuotas. Macri y Aranguren, sólo pagaron una de esas cuotas.
Es más, según la Resolución 20/2018 de la Secretaría de Gobierno de Energía, las distribuidoras pueden trasladar al consumidor las diferencias entre el precio de compra del combustible y lo efectivamente cobrado a los consumidores. De hecho, esto implica un pago diferencial retroactivo correspondiente a los precios diferenciados entre el dólar y el peso argentino, mejor dicho, debido a la devaluación del peso.
¿Cómo? ¿Otra vez seremos quienes paguen los platos rotos de un gobierno incapaz de gobernar para todos? De ninguna manera. No podemos permitir que obliguen a todos los consumidores y usuarios a pagar por las diferencias de costos no previstas por el proveedor, que aumenta todavía más el incremento del servicio y que implica una total destrucción del efecto cancelatorio de las facturas ya pagadas.
No podemos seguir creyendo o, mejor dicho, dejándonos convencer de que somos los ciudadanos de a pie, quienes debemos indemnizar a las empresas que ni siquiera otorgan sus servicios de manera eficaz y segura.
Mientras el ejecutivo nos endeudaba, sus medios de comunicación financiados por su gobierno y las empresas amigas, nos ocultaron la verdad de cada Decreto, de cada aumento y de cada decisión que nos imponía a toda la ciudadanía seguir agujereando nuestros bolsillos, mientras los ricos se hacían más ricos y fugaban cada vez más capitales.
Desde el 2016, las presentaciones y pedidos de renuncia fueron desoídas por el poder judicial cómplice muchas veces de estos manejos inadecuados y por muchos opositores que hoy se encuentran firmes pidiendo se debata y suspenda el DNU por un lado, y se investigue y juzgue a Aranguren por su gestión como Ministro de energía.
No somos unos locos, y ustedes no son tontos. Hemos sido embaucados por periodistas que persiguen sólo la verdad de sus billeteras, para creer que debemos defender a un gobierno que sólo nos ha empobrecido, ¿o alguno de ustedes no se ha visto algún mes complicado para pagar los servicios durante estos últimos años?
No dejemos que sea en vano el avance de la justicia, permitámonos abrir los ojos. Lo digo siempre: No permitan que les vendan pescado podrido. Estos tildados de locos seguiremos firmes junto a la ciudadanía de a pie, defendiendo sus derechos como trabajadores, como usuarios y consumidores.
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