En una reunión diferente a las acostumbradas, la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados tuvo su encuentro de esta mañana en las instalaciones de la Escuela Hogar Eva Perón.
La decisión tomada por el conjunto de legisladores y legisladoras tuvo como objetivo que los y las legisladoras pudieran constatar los hechos denunciados ante la comisión, por el personal de la institución desde comienzos del año 2021.
Los hechos denunciados por los trabajadores y las trabajadoras de la institución son: el grave estado edilicio; la falta de personal docente y de apoyo; la falta de personal médico especializado en psiquiatría que atienda los casos de niñas y niños con afecciones graves; y por sobre todas las cosas la violencia laboral ejercida sobre el personal al cambiarse las condiciones de trabajo de manera unilateral por parte del gobierno escolar.
“La situación en la que han dejado a la Escuela Hogar Eva Perón es tremenda”, explicó el titular de la comisión José Luis Ramón tras la visita, y agregó: “sólo a nivel edilicio se puede ver que las cloacas no funcionan, los tanque expansores de la calefacción tampoco, y además no hay suficiente cantidad de personal para las salas; hay una desidia total por parte de la DGE”.
Vale aclarar, que la comisión de Derechos y Garantías solicitó en agosto del 2021 un informe “sobre el estado actual y funcionamiento del Hogar Escuela Eva Perón, con detalle del estado del edificio y la ejecución de obras de mejora y mantenimiento”, al titular de la Dirección General de Escuelas (DGE), José Thomas, pero más allá de una visita a la comisión por un delegado del mandatario, no hubo mayores gestiones que mejoraran la situación de la Escuela Hogar hasta el momento.
Los docentes presentes en la reunión de comisión aseguraron que han presentado un amparo por la última decisión del gobierno de cambiar unilateralmente las condiciones de su trabajo, pero que muchos trabajadores no se han sumado a dar los debates “por miedo a represalias”.
Según comentó Ramón, la comisión de Derechos y Garantías decidirá en la reunión de la próxima semana las líneas de acción concretas para que tanto la DGE, como el Gobernador Rodolfo Suárez, tomen intervención sobre el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran los y las trabajadoras de la institución y el propio estado edilicio del edificio.