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Rechazo ante el avance de la megaminería sobre la institucionalidad democrática

20 diciembre, 2021
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    Ante la sanción irregular de la Ley de Zonificación que habilita la megaminería en
    la meseta central de Chubut y la brutal represión de la protesta social desde la noche del
    miércoles 15 de diciembre, en vistas de alcanzar la paz social, las personas y
    organizaciones abajo firmantes reclamamos la derogación inmediata de la Ley XVII Nº 149,
    promulgada a través del Decreto 1285/21.

    La decisión del gobierno y la legislatura provincial de avanzar con la
    megaminería no cuenta con licencia social, a lo que se suma el cuestionamiento de diversos
    organismos científicos y académicos (entre ellos CENPAT/Conicet y universidades públicas
    de la zona). La aprobación de la zonificación minera ha sido posible mediante un proceso de
    degradación institucional y democrática, agravado por la brutal represión arremetida contra
    la ciudadanía que ejerce su derecho a la protesta, colmando las calles de Chubut.

    En el año 2003, un 82% de la población de Esquel votó el “No A La Mina”, un
    plebiscito histórico que dejó claro que la minería no tenía licencia social en la zona. Ese
    mismo año, se sancionó la primera de muchas leyes provinciales que prohíben la minería a
    cielo abierto con uso de sustancias tóxicas. En vistas de reforzar este mensaje, el
    movimiento de asambleas territoriales impulsó dos nuevas instancias de iniciativa popular
    en 2014 y en 2020.

    A pesar de esto, la dirigencia política provincial buscó avanzar en las medidas
    para habilitar la megaminería en la provincia y construir un blindaje jurídico y judicial que
    debilite al máximo el acceso a la justicia en materia de derechos humanos y ambientales.
    En una sesión del 2 de diciembre, la legislatura de la provincia había reformado la ley de
    amparo, limitado las medidas cautelares contra el Estado y designado a 4 jueces del
    Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut.

    El accionar de las fuerzas de seguridad en Chubut registra graves violaciones a
    los derechos humanos, como se desprende de las denuncias presentadas por las
    asambleas y el registro audiovisual y fotográfico de medios independientes. Estos
    advierten de personas detenidas de manera arbitraria, múltiples ciudadanos/as y
    manifestantes heridos de bala de goma, situaciones de persecución y hostigamiento contra
    defensores/as ambientales; asi como violación directa del artículo 9 del Acuerdo de Escazú.

    En un contexto de emergencia hídrica, profundizada por la aceleración del
    cambio climático, la larga trayectoria en la defensa del agua en la provincia de Chubut sólo
    puede crecer. Al igual que lo sucedido en la provincia de Mendoza hace 2 años, para restituir
    el pacto social y la legitimidad democrática es necesario garantizar la voluntad popular y,
    no solamente revertir la zonificación minera, sino avanzar en un contexto institucional y
    jurídico que garantice el bienestar de las personas y la vida en todo el territorio.

    Las Iniciativas Populares apoyadas por la misma ciudadanía representan el camino genuino
    para otorgar a la población local y las comunidades originarias el debido proceso de
    consulta y participación que fue obturado en más de una ocasión; medidas necesarias para
    encauzar el proceso en un sentido democrático. Lo que está en peligro hoy en Chubut no es
    solo el agua y los territorios sino también la paz social, los derechos humanos y la
    democracia.

     

    Links de interés: 
    El Consejo Económico Ambiental y Social quiere reabrir el debate sobre megaminería
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