La semana pasada el bloque oficialista aprobó en la Cámara de Diputados de la Legislatura provincial el proyecto impulsado por Jorge Difonso (FR) que establece la quita de beneficios sociales a quién ocupe tierras en Mendoza. Desde Protectora nos opusimos, entendiendo que no es la manera de tratar un tema tan sensible que tiene un trasfondo que el Gobierno y sus aliados quieren tapar: el acceso a una vivienda digna.
“Quieren dejar sin vivienda ni derechos sociales a los más necesitados”, aseguró Cairo con su voto negativo a este proyecto que no resuelve el fondo de la problemática habitacional en Mendoza.
Con esta medida demagógica apuntan a criminalizar aún más a los sectores populares que todos los días sufren la falta de un techo y comida, y que hoy más que nunca en medio de la pandemia de coronavirus, necesitan de la asistencia del Estado.
Desde febrero de este año, duerme en la Legislatura el proyecto presentado por el diputado Pablo Cairo para que Mendoza adhiera a la Ley N° 27.453/18 de Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana.
La misma tiene como fin reconocer a los 247 barrios populares que hay en nuestra provincia, respaldados por el trabajo de los vecinos que componen las organizaciones sociales nucleadas en la Mesa Provincial de Barrios Populares. En el 90% de esas casas no hay servicios básicos y viven niños, niñas y mujeres.
El oficialismo debería preocuparse en serio por la seguridad social de estas personas y el déficit habitacional que hay en nuestro territorio, en lugar de quitarle los pocos beneficios que pueden recibir desde el Estado, mientras esperan que los legisladores que obedecen al gobernador Rodolfo Suarez se presten a adherir a la ley nacional de integración socio urbana.
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